Imagen de una manifestación el 21 de noviembre en París.

Comenzó siendo una propuesta razonable demandada desde hace tiempo por los sindicatos de la policía, pero se está convirtiendo en uno de los proyectos de ley más controvertidos del gobierno de Emmanuel Macron.

La propuesta inicial era aparentemente inofensiva. Primero, armonizar los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, mejorar la coordinación y articulación de las tres entidades de seguridad más importantes: gendarmería, policía municipal y seguridad privada. Segundo, dotar a estos cuerpos de nuevas herramientas tecnológicas y legales para poder asegurar el orden en las ciudades. En palabras del ministro del Interior, “proteger a los que nos protegen”. Hasta aquí, todo parece razonable, no se puede reprochar a los policías el querer tener los medios suficientes y modernos para defenderse en tiempos de manifestaciones y violencia. Además, tras los graves disturbios ocasionados durante las manifestaciones de los “gilets jaunes”, los policías se sentían desprotegidos, y esta ley de alguna forma les protege de tener que volver a pasar por lo mismo.

La sociedad, por su parte, ha reaccionado de una forma muy distinta. La ley ha sido interpretada como un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Para protestar contra esta ley, la gente ha salido a la calle. Así sucedió el 30 de enero, día en el que, según los organizadores, se manifestaron 200.000 personas en toda Francia (34.000 según el Ministerio del Interior). En París, ese número llegó hasta las 15.000, según los organizadores (6.500 según el Ministerio).

El artículo que ha suscitado el mayor rechazo entre los distintos agentes sociales, especialmente entre las asociaciones de prensa y los medios informativos en general, es el artículo 24. Este artículo pretende modificar la mítica ley sobre la libertad de prensa de 1881, en la que ya se estipulaban los derechos y libertades, tanto de periodistas y periódicos, como de policías y otros agentes del orden. La nueva ley en su artículo 24 dice que será castigado “el hecho de difundir, por el medio que sea y con el soporte que sea, con la intención de atentar contra su integridad física o psíquica, el rostro o cualquier otro elemento de identificación de un agente de policía en el contexto de una operación policial”. Los expertos puntualizan que está protección ya existía de forma previa a la promulgación de esta ley. Los policías siempre han estado protegidos contra la divulgación de los rostros con objetivos malintencionados y de difamación. Por tanto, no se entiende la necesidad de la existencia del artículo 24, sino es para dar más libertad de interpretación a los policías con una ley más ambigua y laxa, que les permita actuar sin preocupaciones cuando alguien esté grabando durante las manifestaciones.

En esta línea, se plantea otro punto de contención, según como lo explican en Le Monde. El conflicto surge al preguntarse quién es el encargado de juzgar en primera instancia si las imágenes difundidas “atentan contra la integridad física o psíquica” del funcionario en cuestión. En este caso es la policía la que procedería al arresto provisional del detenido, ya que es el primero en juzgar si las imágenes están siendo captadas para fines malintencionados, al menos de forma provisional. Por tanto, la ambigüedad del texto y el amplio espectro de posibles interpretaciones del nuevo artículo, deja al buen juicio de los policías la determinación de si la grabación está siendo malintencionada o no. Por tanto, es legítimo considerar el peligro de que gracias a esta ley se permita a los policías ocultar legalmente acciones reprochables.

Desde el gobierno, se repite que los policías son personas responsables y utilizarán estos dispositivos en su justa medida. Prometen que se utilizarán con el objetivo exclusivo de proteger a la población y mantener el orden. Pero en la calle, la gente no se fía, y tienen razones para no creer a ciegas las palabras de estas personas.

La reputación de la policía brilla por su ausencia en estos momentos. Dos ejemplos recientes son el caso de Michel Ziclear y los vídeos que surgieron el otro día de la comisaría de Aubervilliers. Michel Ziclear es un productor de música que estaba entrando en su estudio cuando dos policías se introdujeron detrás de él y empezaron a darle una paliza, al tiempo que proferían insultos racistas. Los policías pensaron que podrían escapar impunemente, pero en el estudio había cámaras que grabaron el acto. Las imágenes circularon por la red y la televisión, y los policías fueron llevados a juicio, aunque eso no sirvió para evitar grandes manifestaciones en contra de la violencia policial.

El segundo escenario nos transporta hasta la comisaría de Aubervilliers. Tras el toque de queda, los policías cerraron las puertas de la comisaría y encendieron la música. Allí comenzó una fiesta al estilo pre-pandemia. En ella participaron todos los policías, que lucían ante la cámara sin mascarilla y sin respetar ni remotamente las medidas de seguridad. Por internet circula el vídeo de los policías bailando la macarena, mientras el resto del país estaba en confinamiento domiciliario desde las seis de la tarde.

Estos y otros actos minan la confianza de la población en las buenas intenciones de las fuerzas del orden. El momento social en el que se está llevando a cabo esta propuesta de ley no es el mejor. Sin embargo, la propuesta sigue adelante en su camino hacia la aprobación, defendida por el Ministerio del Interior. Pasará al Senado en marzo y luego volverá a la Asamblea, donde la mayoría parlamentaria ha prometido la reescritura total del artículo 24. Veremos, entonces, si son capaces de proporcionar algo de mesura a este proyecto de ley, redactado unilateralmente por los sindicatos de la policía sin consultación con el resto de los agentes sociales. Estos últimos se han visto obligados a actuar y dar su punto de vista a través de la protesta y la manifestación, armas políticas en las que la población francesa se está volviendo cada vez más eficaz y experimentada. Seguirán en su esfuerzo hasta que consigan sus propósitos o hasta que pase la “ley de seguridad global”. Veremos lo que llega antes.

Daniel Alonso Viña
Publicado el 8 febrero 2021 en París a Juicio/ LawyerPress